No decimos nada nuevo cuando hablamos de lo cara que se está poniendo la luz, y no dejamos de dar vueltas al recibo de nuestras casas.

Pero eso no es nada si lo comparamos con lo que se está pagando ya en las comunidades de propietarios. En poco más de un año, pagamos tres veces más en la factura de la luz, del gas, y del gasóleo para calefacción. La regulación del mercado de la energía nos ha llevado a esto.

La gran diferencia entre lo que ocurre en nuestras casas y lo que ocurre en nuestra comunidad es, precisamente eso: que lo separamos. Tratamos de manera diferente los gastos. En nuestras casas sabemos lo que tenemos y lo que pagamos: y si no tenemos, no lo compramos. El gasto en la comunidad es diferente, el propietario paga la cuota y con eso ya tiene derecho a todos los servicios comunes. Aquí esta el primer error: la cuota debe ser suficiente para poder hacer frente a todos los gastos comunes y eso sólo se alcanza si los propietarios ponen el dinero de su bolsillo. Y si la comunidad no tiene dinero, no podrá comprarlo.

Hace más de un año que empezó esta situación (de la guerra de Ucrania hace un mes), y poco a poco los precios de la energía han ido superándose día a día. Cuando la situación empezó a ser insostenible, el gobierno tomó una medida: rebajar el tipo de IVA que se aplica a los suministros eléctricos con una potencia contratada de menos de 10 Kw. ¿Pero qué ocurre con las comunidades? La rebaja no se aplica cuando se trata de “grandes consumidores”, lo que resulta discriminatorio: la suma de los consumos no tiene el beneficio de los consumos individuales.

Con independencia de si la rebaja en el impuesto es o no una buena medida (porque las empresas energéticas siguen ganando lo mismo, mientras que las arcas del Estado pierden capacidad), a estos consumos se les penaliza con medidas como ésta, o no dejando que se contrate el PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), la antigua Tarifa de Último Recurso, porque no son pequeños consumidores.

Volviendo a lo que apuntábamos anteriormente, el error de hacer diferencia entre lo que gastamos “en nuestra casa” y lo que “gasta la comunidad”, y después de ver que las autoridades también hacen esa errónea diferenciación, recordamos la frase que nos gusta tanto repetir: LO COMÚN ES DE TODOS, no es que no sea de nadie. Es decir, nadie nos va a venir a pagar la luz ni el gasóleo o gas a nuestra comunidad, son los propietarios los que van a tener que asumir esa subida, igual que asumimos los gastos de nuestra vivienda. Con una peculiaridad: no nos podemos acoger a esas rebajas fiscales de los pequeños consumidores.

Y ante esto ¿qué podemos hacer? Asumir que sólo podemos hacer frente a ello de la misma manera que lo hacemos en casa: apretando el cinturón en la medida que esto sea posible, porque aquí, además, la voluntad no es de uno, sino la suma de voluntades, y deberemos ajustar las cuotas a las nuevas necesidades, e intentar consumir la energía necesaria, sin derroches.

Además podemos plantearnos hacer inversiones en los edificios para ahorrar energía, pero, francamente, en un momento en el que las economías domésticas no dan más de sí, y cuando se cuestiona una subida en la cuota de la comunidad simplemente por la dificultad de afrontarla ¿es el momento de plantear una inversión cuando hay que adelantar el dinero? Recordemos que para obtener una ayuda, primero hay que pagarlo.

Todo esto hace evidente que es necesario una regulación que incida directamente en el precio de los suministros energéticos, y otra forma de plantear las ayudas que no obliguen a soportar el coste a los propietarios de forma anticipada.